La emergencia climática es una realidad: pérdida de biodiversidad, calentamiento global, desertificación, aumento del nivel del mar, acidificación de los océanos… Las evidencias científicas en este sentido son determinantes para aceptar que la protección del medio ambiente requiere de una respuesta unánime desde la Comunidad Internacional.
Ante esta situación, desde 1972 que se ha buscado, con más o menos éxito, avanzar en la protección internacional del medio ambiente. Uno de los últimos intentos en este sentido es la Opinión Consultiva del Tribunal Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático. Este pronunciamiento destaca por muchas razones, en particular por su notable trascendencia, pues hasta noventa y seis Estados y once Organizaciones Internacionales participaron en la fase de audiencias orales.
Uno de los aspectos que, bajo mi punto de vista, es más relevante y que quizá ha pasado desapercibido es la aceptación del carácter erga omnes de ciertas obligaciones relacionadas con los bienes comunes globales (BCG), en concreto, la protección del sistema climático de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y las obligaciones consuetudinarias que pretenden evitar la contaminación transfronteriza grave. Asimismo, el Tribunal le otorga el carácter erga omnes partes a las obligaciones convencionales establecidas en el Convenio Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático y el Acuerdo de París.
Ante esta opinión consultiva del Tribunal, y dada su trascendencia y su potencial impacto, la voluntad de esta comunicación es reflexionar sobre algunos aspectos que cuestionan si efectivamente este pronunciamiento puede favorecer los avances en la protección del medio ambiente desde el Derecho Internacional.
A priori, los retos que florecen se relacionan, por un lado, con la atomización de la protección internacional del medio ambiente. En este sentido, el carácter erga omnes o erga omnes partes se otorga a unas obligaciones específicas, por lo que conviene preguntarse qué pasa con la protección de la biodiversidad o incluso la gestión de los residuos, los cuales gozan de un régimen jurídico convencional específico. Por otro lado, otro de los aspectos discutibles de la opinión consultiva son las consecuencias jurídicas del carácter erga omnes i erga omnes partes de las obligaciones señaladas. Así, el juez Tladi, en su declaración adjunta al pronunciamiento del TIJ, cuestionó que el Tribunal no hubiera identificado las consecuencias jurídicas derivadas de la violación de estas obligaciones, como sí había hecho en el caso de la Opinión Consultiva de 2024 sobre las obligaciones de Israel en los territorios ocupados Palestinos. Este silencio, de consecuencias incalculables, es más que llamativo, ya que podría derivar en una situación de incertidumbre o incluso favorecer la institucionalización de régimen jurídico diferenciado de responsabilidad internacional.
Sin embargo, esta interpretación del Tribunal también da lugar para la esperanza. Haciendo un ejercicio propositivo, en un futuro quizá remoto, la existencia de un interés colectivo, así como el carácter erga omnes de algunas obligaciones, abrirían la puerta para reconocer el carácter de jus cogens de algunas obligaciones relacionadas con la protección del medio ambiente.